Astrid Torres (Somos Defensores, Colombia): “La industria extractivista nos convierte en países despensa y expone a quienes se oponen a agresiones y asesinatos”

La ONG Somos Defensores publica su informe anual, titulado Sin Protección, en el que recoge que, sólo en 2024, 157 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Colombia. En total, han documentado 727 agresiones, entre las que se encuentran desaparición forzosa, desplazamientos masivos, violencia sexual, secuestros y amenazas. Los responsables siguen siendo, mayoritariamente, los paramilitares, así como los grupos criminales surgidos tras el Acuerdo de paz con las FARC, como disidencias de esta guerrilla que no aceptaron la desmovilización, bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, la minería y, también, sectores económicos legales, como las infraestructuras y el turismo, la guerrilla del ELN y, en menor medida, las fuerzas de seguridad del Estado.

La socióloga e investigadora Astrid Torres es la coordinadora de Somos Defensores, una ONG creada precisamente, para proteger al colectivo más amenazado, perseguido y asesinado por la guerra colombiana, los líderes y lideresas sociales que se oponen a la violencia, a menudo, sólo con su palabra y su presencia en los territorios abandonados por el Estado. Hablamos con ella sobre cómo ha mutado la guerra en Colombia tras el Acuerdo de paz con las FARC en 2016, sobre cómo influye la crisis climática en la violencia ejercida por la industria extractivista por los recursos, sobre el papel de la comunidad internacional en tiempos de recortes a la cooperación al desarrollo, entre otras cuestiones.

Titulan su informe Sin protección y subrayan que “ha aumentado el temor, también el silencio”. ¿Cómo se ha transformado la guerra en Colombia en los últimos cuatro años?

En el informe de 2024, la Defensoría del Pueblo exponía que los grupos paramilitares, el ELN y los grupos postacuerdos de paz, conocidos como disidencias y grupos organizados del crimen, se han expandido por Colombia entre 2019 y 2024. Esto ha provocado que en Colombia tengamos 11 territorios en crisis humanitaria, lo que ha provocado confinamientos y desplazamientos forzosos de población étnica y campesina. Y además del impacto mayor que han tenido entre las mujeres, las niñas y los niños, las personas defensoras son las han soportado mayores niveles de agresiones.

Denuncian que ni el gobierno ni las demás instituciones han desplegado acciones preventivas frente a los nuevos peligros. ¿En qué está fallando el gobierno de Gustavo Petro y qué obstáculos se está encontrando para adoptar las medidas necesarias?

Cuando este Gobierno llegó al poder, propuso al país la política de paz total, que hemos respaldado muchos sectores de la sociedad. Creemos que es por esa vía de la negociación, y no del sometimiento, por la que podría lograrse la paz. Pero no han logrado los resultados que se han propuesto y, en parte, es porque los actores armados no han querido hacer acuerdos con el Gobierno, pero también porque a éste le ha faltado una estrategia más clara. Por ejemplo, poner en el centro de las conversaciones aspectos claves como la exigencia de detener las agresiones contra las personas defensoras.

También hay una falla estructural del Estado colombiano para prevenir los riesgos, a pesar de que contamos con la Defensoría del Pueblo y con el sistema de alertas tempranas que, sólo en 2024, emitió 27 sobre los riesgos que podían padecer las comunidades, así como los líderes y lideresas a causa de las acciones de los grupos armados ilegales. Pero ni las autoridades nacionales ni las territoriales adoptaron las acciones necesarias para impedir que estas amenazas se materializaran porque uno de los mayores problemas que tenemos es la falta de articulación de los organismos estatales.

¿Qué persiguen con estas amenazas y asesinatos los grupos armados?

La mayoría de los asesinatos los han cometidos los llamados grupos postacuerdos que, para conseguir su expansión por el país, buscan eliminar o acallar a los liderazgos sociales que se oponen a su entrada en el territorio. En especial, en el Cauca, que es donde más asesinatos se han cometido ya que el Estado Mayor Central [los frentes disidentes FARC que decidieron no acogerse al proceso de paz en 2016] ha diseñado un plan de exterminio contra las autoridades étnicas, contra los guardias indígenas, así como contra los líderes y lideresas espirituales de las comunidades étnicas. 

El ELN ha tenido responsabilidades en alrededor de trece asesinatos, diez de ellos en Arauca, donde la situación sigue siendo muy compleja para las personas defensoras. De hecho, el ELN ha desarrollado una estrategia de persecución a los liderazgos sociales bajo la estigmatización de colaborar o pertenecer a grupos de las disidencias, demostrando así que no hay un respeto por la población civil. 

En cuanto a los paramilitares, siguen siendo los principales responsables de amenazas contra las personas defensoras.

«En Colombia, también hay sectores de la economía legal –como las infraestructuras, el comercio o el turismo– en los que los actores armados tienen intereses y actúan«

¿Quiénes son ahora los paramilitares?

El paramilitarismo ha cambiado en Colombia, no es el mismo de los años 80 y 90. Pero, sin lugar a dudas, sigue teniendo una estrategia contrainsurgente, sigue persiguiendo a quienes defienden derechos. Prueba de ello es que en 2024 fue responsable de, al menos, 177 agresiones, entre las que se encuentran atentados, amenazas, desplazamientos forzosos, desapariciones forzadas, violencia sexual… 

Durante los años del uribismo, muchas de las masacres cometidas por los paramilitares se llevaban a cabo con la complicidad o, incluso, la participación del Ejército o la Policía. ¿Cuál es la situación actual?

Hemos documentado 11 agresiones por parte de la Fuerza pública, lo que supone un descenso importante respecto a años anteriores. Pero el Gobierno está militarizando muchos territorios, lo que puede provocar un aumento de la violencia. Por ello, insistimos en la necesidad de que la fuerza pública respete los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y, en especial, a quienes defienden los derechos. 

En el informe sostienen que las negociaciones bilaterales que está llevando a cabo el Gobierno con los actores armados para lograr acuerdos de paz han fomentado los enfrentamientos entre los distintos grupos, lo que ha dejado más expuesta a la población, especialmente en las zonas rurales. ¿Por qué pugnan entre sí estas organizaciones? 

Los combates que mantienen los actores armados en las zonas rurales no obedecen sólo a intereses económicos, como la minería, la coca, los bienes comunes o las extorsiones. Estos grupos también buscan controlar a la población. Por eso, el Gobierno ha de llevar a cabo diálogos regionales con todos los grupos armados, desde sus mandos a sus estructuras de base. Porque la violencia en Colombia se recicla y si no ha un desmonte real de las estructuras, no solo a nivel militar, sino también económico, político y cultural, va a ser difícil que la paz sea real. 

«Que el 90% de los asesinatos de personas defensoras siga en la impunidad permite que, en Colombia, cada dos días, se asesine a un líder o lideresa social«

¿Qué papel está jugando el ELN en esta nueva fase del conflicto y por qué se ha convertido en uno de los principales victimarios?

El ELN ha generado múltiples agresiones contra comunidades y personas lideresas y defensoras a causa de su estrategia, como la de los otros actores armados, de expandirse por el territorio y fortalecerse militarmente, pese a haber hecho público su interés por negociar con el Gobierno nacional. En 2024, hemos visto un aumento de las agresiones, de los secuestros e, incluso, de los asesinatos cometidos contra personas que el ELN establece como objetivos militares. Ellos ya han dicho públicamente que no es posible negociar con este Gobierno, así que vamos a ver un recrudecimiento de sus acciones y, por tanto, más ataques a las personas defensoras. Desde el programa Somos Defensores insistimos en que vuelvan a la mesa de negociación.

Durante las últimas décadas, era fácil comprobar que en aquellos lugares donde había más desplazamiento y masacres cometidas por el paramilitarismo y/o el Ejército, era donde había más licencias para proyectos extractivistas. ¿Sigue siendo así?

En territorios como el Sur de Bolívar o Antioquía hemos visto una continuidad en los nexos entre agentes estatales, en especial, la Fuerza Pública con paramilitares, aunque este Gobierno ha intentado acabar con estos vínculos. Está claro que en los territorios donde hay más licencias para proyectos extractivos es donde se generan mayores riesgos para las comunidades y donde el paramilitarismo sigue siendo el principal actor, aunque no el único. En la región de la Amazonía, por ejemplo, los grupos postacuerdo de paz tienen nexos con cárteles y grupos criminales de países como Brasil. La industria extractivista nos convierte en países despensa y expone a quienes se oponen a ella a agresiones y asesinatos. 

«Allí donde hay minería y se concentra el conflicto es donde las poblaciones sufren el mayor nivel de pobreza, de violencia y de vulneración de sus derechos»

¿Cuáles son los principal motores del conflicto armado hoy en Colombia hoy: la pugna por los recursos naturales, la lucha por el territorio, el tráfico de drogas…?

En los territorios donde hay más agresiones a las personas defensoras es donde hay más actividades extractivas, tanto legales como ilegales. El monocultivo de palma, las hidroeléctricas, la minería, el petróleo… son aspectos clave en la lucha por el territorio y por sus recursos. También en los territorios donde se cultiva la hoja de coca para su transformación en cocaína. Pero, en Colombia, también hay sectores de la economía legal –como las infraestructuras, el comercio o el turismo– en la que los actores armados tienen intereses y actúan. Sectores en los que hay que pensar cómo se blanquean los recursos, la cuestión de los testaferros, los bancos, los intermediarios…

Muchas de las personas asesinadas entrarían dentro de la definición de defensores ambientales. ¿Cómo está atravesando la crisis climática y la pugna por los recursos el conflicto colombiano, que siempre ha estado azuzado por la industria extractivista internacional?

La crisis climática tiene una relación directa con la pobreza, la vulnerabilidad de las comunidades y con las industrias extractivistas. Hemos reportado veinticuatro agresiones a personas defensoras ambientales, una categoría muy específica, pero hay que tener en cuenta que los líderes y lideresas, en especial de los pueblos étnicos, lleva a cabo una lucha histórica en defensa del ambiente y la naturaleza desde, incluso, el proceso de colonización. 

En Colombia, quienes realmente defienden la tierra, el territorio y la naturaleza han padecido con mayor rigor la industria extractiva y la expoliación de los recursos. Por eso, la crisis climática no sólo hay que verla desde el punto de vista ambiental, sino también social y desde las estructuras porque, por ejemplo, allí donde hay minería y se concentra el conflicto es donde las poblaciones sufren el mayor nivel de pobreza, de violencia y de vulneración de sus derechos.

La mayoría de los asesinatos de las personas defensoras sigue en la impunidad. ¿Por qué se mantiene tan alta la impunidad?

Pese a que hace un año comenzó una nueva Fiscal General de la Nación, no ha habido una disminución de la impunidad, que se mantiene casi en el 90% de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos. Ello permite que, en Colombia, cada dos días, se asesine a un líder o lideresa social.

E insistimos en que no sólo hay que lograr sentencias contra los autores materiales, sino también contra los intelectuales, y avanzar en desestructurar las organizaciones que cometen esos crímenes.

Antes, la guerra de Colombia estaba en la agenda internacional, pero desde el acuerdo de paz con las FARC resulta difícil hacer entender que el país sigue sufriendo unas tasas de criminalidad y de violencia parecidas a las de los tiempos duros de la guerra. ¿Cómo es el trabajo de las organizaciones sociales en este contexto? 

Tras la firma del Acuerdo de Paz, que fue un gran avance, gran parte de la comunidad internacional pensó que Colombia iba a transitar hacia unos cambios estructurales en materia de la violencia, pero eso no ha ocurrido. Necesitamos que se siga respaldando a las organizaciones sociales y a los líderes y lideresas que cuentan cómo se vive la violencia en los territorios. 

Cuando hablamos con la Unión Europea y sus Estados miembros encontramos escucha activa y un respaldo a las acciones en los territorios. Pero es necesario que, frente a la ola de recortes de la cooperación internacional, reafirmen su compromiso con la agenda de derechos humanos y de paz de Colombia, con la implementación integral del Acuerdo de paz de cara a la justicia y a protección de las personas defensoras.

«La industria extractivista nos convierte en países despensa y expone a quienes se oponen a agresiones y asesinatos»

¿Cómo ha cambiado la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos en vuestro trabajo de incidencia política en EEUU?

Aunque el programa Somos defensores nunca ha cooperado con USAID, sus recortes tienen una incidencia directa en organizaciones territoriales, de mujeres y de población LGTBIQ+ que han sufrido recortes en sus agendas de trabajo y en el personal que desarrollan sus apuestas de transformación. 

En cuanto a los anuncios respecto a la política estadounidense contra el narcotráfico, los temas de retornos y de fumigaciones de los cultivos de coca, son cuestiones nefastas que ya hemos rechazado en el pasado y por las que vamos a tener que hacer nuevos esfuerzos para explicar en Estados Unidos que las decisiones que toman en el norte global nos afectan gravemente en el sur global. 

Lleva más de veinte años trabajando en la defensa de los derechos humanos, comenzó en los tiempos duros del uribismo y de las grandes masacres paramilitares. Desde entonces, el movimiento de derechos humanos colombiano ha logrado enormes avances. ¿Cuáles son los grandes retos que se han propuesto conseguir en los próximos años como organización dedicada a defender a las personas defensoras en medio de una ola global reaccionaria?

Además de continuar con nuestro trabajo de defensa de derechos en medio de un panorama de recortes de la cooperación internacional, frente a esta ola global de ola reaccionaria, es fundamental juntarnos con el movimiento social no sólo del sur global, sino también del norte global para crear acciones dirigidas a que los Estados cumplan con sus obligaciones de garantizar los derechos. 

Tenemos que seguir acompañando a los líderes y lideresas sociales en los contextos de emergencia, crear estrategias de protección para salvaguardar sus vidas y sus proyectos políticos. Y esto es un reto clave porque el conflicto en Colombia se ha degradado, los actores armados ilegales no respetan a quienes defienden la tierra, el territorio, la paz, la naturaleza, la vida, los derechos de las mujeres, la población LGTBIQ+, la infancia… Necesitamos seguir influyendo en el Estado para que construya un país democrático, justo, en el que la vida realmente sea posible, sin miedo y sin temor, y menos por querer ejercer sus derechos.